Por la Maestra en Impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza
La lucha contra la desigualdad social debe incluir necesariamente una visión de género, pero también debe ser vista desde el aspecto económico y patrimonial, que incide en el control del dinero y el acceso o distribución de los recursos económicos.
Los roles asignados culturalmente al género femenino afectan el control y acceso a los recursos y reducen la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones, lo que incrementa su vulnerabilidad a la violencia y exacerban las condiciones de pobreza. Algunas formas de violencia económica más conocidas son:
La calidad de vida de las mujeres empeora ante la falta de acciones concretas por parte del Estado, entre ellas, la falta de visión legislativa en el ámbito tributario y financiero, por lo que, realizar una perspectiva de género en el sector económico, permite analizar que la mayoría de las mujeres carecen de poder adquisitivo y una casi desvanecida independencia financiera.
Si bien, desde principios de los años noventa se han realizado algunos avances para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, su tasa actual es significativamente menor que la tasa de participación de los hombres. De un estudio realizado por la OCDE, se sostiene que la desigualdad de género sigue siendo amplia en México y Latinoamérica, y la baja participación de las mujeres en el mercado laboral representa un potencial desaprovechado para elevar el crecimiento y mitigar la pobreza.
Algunos de los obstáculos que impiden que las mujeres participen en la fuerza laboral es que más de un tercio abandona la escuela y no estudia, ello menoscaba su posibilidad de encontrar empleos formales y de calidad. Por otro lado, el trabajo doméstico de las mujeres es mucho mayor en contraste con el de los hombres, es decir, las mujeres se dedican tres veces más que ellos a esta actividad en las zonas urbanas y más de cinco veces en las zonas rurales.
Entre otros datos estadísticos, tenemos que, aunque las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad, por lo que, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres.
Otro de los problemas que ocasiona la brecha de género y la imposibilidad de la mujer para incorporarse a empleos dignamente remunerados, es que la teoría económica dominante es, sin género, es decir, no tiene en cuenta el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ni su contribución a la economía. En contraste con los análisis de la economía feminista, que destaca el hecho de que las mujeres realicen la mayor parte de esa labor, ayuda al sostener el crecimiento económico.
Los mercados laborales siguen siendo sitios de desventaja para las mujeres, en atención a diversos factores como las normas sociales que continúan perfilando ciertos trabajos como no adecuados para las mujeres. Por lo que, la dependencia económica de la mujer aumenta su vulnerabilidad, reduce su voz y poder de negociación.
Asimismo, en el emprendizaje, se observa una menor actividad femenina en relación con los varones, es decir, las mujeres no emprenden siempre; primero por razones culturales, pues muchos años se ha considerado que la aventura y el riesgo es “algo de chicos”. Esto es una ideología estructural que ha quedado grabada en la mente de la sociedad femenina desde niñas y a veces, condiciona su camino profesional.
El rol empresarial femenino en Latinoamérica tiene un sesgo social y psicológico, por ello, las mujeres optan por el trabajo en cuenta ajena, es decir, trabajar para alguien más ya sea a nivel público o privado.
Además, el no contar con trabajos remunerados adecuadamente complica el acceso a la propiedad, créditos y control de activos a las mujeres para aumentar su poder de negociación, ya que en el mercado financiero no se les ve como sujetos idóneos de crédito.
Por otro lado, respecto a las crisis económicas, el impacto en la población suele ser asimétrico debido a la segregación ocupacional por género, ya que, por ejemplo, después de la crisis financiera del 2008, la mayoría de los países implementaron paquetes de estímulos fiscales que apuntaban a proteger a los sectores mayormente dominados por varones (como, por ejemplo, la construcción o la industria automotriz).
Los datos actuales muestran que la crisis ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 afecta de forma desproporcionada a las mujeres, ya que los sectores más expuestos, como el de los servicios en los que se suele emplear a más mujeres, se han visto muy deteriorados por las medidas de distanciamiento social. Además, un gran número de mujeres trabajan en el sector informal, lo que significa que su estabilidad en el empleo es casi inexistente y su protección social es precaria.
Dado que las mujeres son, con frecuencia, las encargadas de la compra de alimentos, ropa y enseres domésticos generales, las medidas tributarias regresivas, como el aumento del IVA y otros impuestos sobre las ventas, reducen todavía más sus ingresos disponibles y su poder adquisitivo.
A este efecto se le conoce como “sesgo implícito impositivo”, lo que quiere decir que los impuestos indirectos gravan actividades económicas como el consumo, la utilización o transmisión de un bien o servicio, la producción o la comercialización.
Este fenómeno, es aquel que tiene lugar cuando se aumentan las tasas de impuesto al consumo, lo que provoca que las personas que se encuentran en el nivel inferior de la distribución de ingresos experimenten un aumento tributario que puede resultar muy gravoso e incluso perjudicar su nivel de vida.
Como se ha analizado, estos factores han permitido que la violencia patrimonial y económica se haya arraigado y perpetuado de forma institucional. Por ello, es necesario, implementar políticas públicas que mitiguen la pobreza en las mujeres, y para ello el Estado debe adoptar acciones que promuevan la igualdad de género, no sólo desde el ámbito social, sino también en el económico y tributario.
Maestra en Impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza
Un comentario
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